Según Beatriz Busaniche, especialista en propiedad intelectual consultada por Infotechnology.com, esta norma representaría “una clara amenaza a la libertad de expresión”.
La participación de los usuarios en las entradas de blogs, diarios online y agencias de noticias, entre otros sitios, está en el centro de una polémica que se inició en el Congreso y ahora está tomando fuerza también fuera del recinto.
La ley nacional contra la discriminación, un proyecto que reúne varios textos de distintos legisladores del Frente para la Victoria –entre ellos Diana Conti, Remo Carlotto, Andrés Larroque y Carlos Heller–, quiere incluir modificaciones a la norma 23.592 y al Código Penal, en sus puntos relacionados a los actos de discriminación. En su artículo 21, el texto suma a Internet como un nuevo ámbito a ser regulado en esta materia. Así, el proyecto busca responsabilizar a los administradores de sitios informativos o de opinión por los comentarios considerados discriminatorios realizados sobre sus producciones.
El texto elaborado por el FpV estipula la eliminación de dichos comentarios por parte de los administradores de los sitios y propone sanciones civiles y penales para quienes no sigan el proceso determinado por la ley. Incluso figura la condena a prisión por tiempo de un mes a tres años como una de las penas propuestas.
Beatriz Busaniche, magíster en propiedad intelectual y miembro de la Fundación Vía Libre, una organización especializada en derechos y nuevas tecnologías, considera al proyecto como “un incentivo a la censura previa y una clara amenaza a la libertad de expresión”.
Según la especialista consultada por Infotechnology.com, el texto presenta cuatro puntos conflictivos: brinda una definición muy amplia de lo que es contenido discriminatorio, ordena a los sitios webs a eliminar los comentarios en cuestión, incluye tipos penales y la reversión de la carga de la prueba.
Sobre este último punto, Busaniche aclara que “normalmente en los procesos judiciales es quien acusa el que tiene que probar su punto, pero en este caso, aquel que es acusado de una conducta discriminatoria es quien debe demostrar que no tuvo vocación de discriminar”.
Para la secretaría de la Fundación Vía Libre, uno de los mayores problemas radica en que el proyecto “pone la potestad en el actor privado, atribuyéndole alguna forma de responsabilidad”. La magíster no fue la única en pronunciarse en contra de que esta norma avance su curso con su texto actual. El Centro de Estudios Legales y Sociales, presidido por el kirchnerista Horacio Verbitsky, hizo público en octubre pasado un comunicado en el que expresaba su preocupación sobre los artículos que promovían la clausura de medios de comunicación y el retiro de contenidos, entre otros.
Además, el comunicado aseguraba que el proyecto se contradice con las políticas de libertad de expresión defendidas por los tratados internacionales incluidos en la Constitución. Para Busaniche, por su parte, “cualquier marco donde una opinión pueda ser tipificada penalmente ejerce algún poder de autocensura”.
Carolina Potocar
