Crece además el acoso sexual por internet. Nuevas modalidades que requieren otra respuesta.
El 90% de las causas que se tramitan en la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de la ciudad de Buenos Aires corresponde a pornografía infantil y grooming (acoso sexual por internet). Así lo afirmó la titular de esa unidad especializada, que funciona desde hace casi tres años, Daniela Dupuy. "Entendemos que la pornografía infantil en nuestro caso es uno de los temas más preocupantes", sostuvo la fiscal.
"Diario Río Negro" entrevistó a Dupuy, junto a los expertos Marcos Salt y Ezequiel Sallis, que participaron de las XXIII Jornadas Científicas de la Magistratura, que se hicieron a finales de mayo en Bariloche.
Salt fue contratado por el Banco Mundial, a solicitud del gobierno argentino, como asesor legal en el proyecto de mejoramiento de los archivos de jurisprudencia penal y doctrina del Sistema Argentino de Informática Jurídica.
Sallis es un especialista es seguridad de la información e integra la división Cibercrimen de la Policía Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires.
Dupuy contó que el 15 de noviembre de 2012 se armó la fiscalía especializada en Cibercrimen en la ciudad de Buenos Aires. Fue la primera experiencia en el país. Comenzó "como prueba piloto, por un plazo de un año para investigar los delitos informáticos y los que se cometían a través de internet que, por su complejidad en la investigación o para la dificultad en individualizar a los autores, se requería de un abordaje a la problemática especial".
Explicó que se puso en marcha la fiscalía "por la cantidad de casos" que iba en aumento. "Luego de un año de arduo trabajo, se transformó en fiscalía definitiva", afirmó. "Esto es realmente muy positivo para abordar las investigaciones de los delitos que se cometen en los entornos digitales porque requieren, claramente, de un estudio pormenorizado, especial, diferente del de las investigaciones tradicionales", afirmó Dupuy.
Sallis mencionó como dificultades "el hecho de la volatilidad, la intangibilidad y, sobre todo, la falta de territorio de ubicación de esa evidencia".
"Muchas de las personas que tienen mediana capacidad técnica pueden entender que dejan evidencias en el momento que acceden a un sitio, que navegan, que descargan, que abren y empiezan a utilizar métodos de borrado seguro de la información", indicó Sallis.
Detalló que "sobreescribe la información en el disco una suficiente cantidad de veces, para que sea imposible desde el punto de vista técnico recuperarla. O encripta en el disco para proteger su confidencialidad, pero, asimismo, para dificultar la parte forense".
"Cuando uno se encuentra con un medio encriptado, sin la clave, no tiene ninguna posibilidad de obtener la información, leer y entender la información que está ahí", afirmó Sallis.
Salt dijo que en el país "hay equipamiento, pero hay que trabajar mucho en más capacitación, y con más unidades especializadas. En la medida que no haya unidades especializadas, es muy difícil avanzar en estas investigaciones. El policía de calle normal, que cumple prevención, si tiene que hacer un allanamiento en un dispositivo digital no va a tener ni las herramientas ni los conocimientos. Los patrulleros no van con herramientas para esto", sostuvo Salt.
Advirtió que existen Códigos Procesales Penales muy modernos. Recordó que en Río Negro el año próximo entrará en vigencia uno nuevo, "pero no se adecuó el capítulo de evidencia".
En cuanto al tema de la competencia, Dupuy puntualizó que "son delitos trasnacionales, con lo cual muchas veces nos encontramos con redes de pornografía infantil o de cualquier otro delito de crimen organizado donde claramente hay una serie de dificultades en cuanto a la cooperación internacional, a la vinculación entre los diferentes países para llevar a cabo ciertas y determinadas medidas de pruebas, pedir cierta y determinada información".
"Creo que es algo donde tenemos que comprometernos todos los países a tomar esta problemática por las astas y, realmente, generar un cambio serio en este tipo de investigaciones", sostuvo Dupuy.
Respecto al derecho a la intimidad o privacidad que las investigaciones pueden afectar, Dupuy dijo: "Una vez que tomemos conciencia de cuál es el problema y cuáles son los escollos a nivel procesal que hoy tenemos, creo que se puede trabajar profundamente en evitar vulnerar garantías constitucionales".
Sallis advirtió que "el tiempo es un enemigo porque la evidencia es volátil, no toda la evidencia que uno secuestra está en un dispositivo. En ese dispositivo capaz que encontrás referencias a evidencia relevante que está alojada en un servidor que si no llegás en tiempo y forma vas a perder para la investigación".
Dupuy dijo que "esto no es una moda, es claramente una modalidad nueva de investigación adaptada a las nuevas tecnologías".
Persecución por todo el mundo
La fiscal Daniela Dupuy explicó que firmaron tiempo atrás un convenio con National Center for Missing and Exploited Children. "Cuando ellos toman conocimiento de que en la Argentina están ubicadas (direcciones) IP desde donde se habría intercambiado o subido material pornográfico con niños menores de edad, inmediatamente nos remiten al ámbito de la fiscalía general", indicó.
"Si los IP están ubicados en diferentes provincias, se remiten a las provincias respectivas y las que son de la ciudad de Buenos Aires las trabajamos nosotros", indicó Dupuy.
Dijo que investigan algunos delitos como daño informático, suministros de pornografía, amenazas, hostigamientos, "porque algunos delitos los tiene la justicia nacional".
Ezequiel Sallis explicó que "la investigación parte de una dirección IP que distribuyó, descargó, y se hace una solicitud al proveedor de internet para que diga quién tenía una determinada dirección IP en determinado momento de tiempo y lugar". Luego, se investiga el domicilio y las personas que viven en ese lugar.
Sallis sostuvo que "se realizan pericias que buscan la existencia de evidencia digital que prueben justamente esta distribución en el correo electrónico, mail salientes, que a lo mejor distribuyeron el material o repositorio de información local que tiene a través de fotografías", sostuvo.
"Lo interesante es que, justamente en este caso, hay una gran base de material pornográfico infantil ya previamente identificado que se distribuye en formato no visible", comentó.
Identificar al usuario es todo un desafío. "Los problemas que se nos presentan con mayor frecuencia es cuando se trata de un grupo familiar, cuando entramos dentro de una empresa, cuando la IP se encuentra dentro de un banco, cuando es un cibercafé, en una universidad o en un organismo público", dijo Dupuy.
Por JORGE VILLALOBOS
